La seguridad nunca ha estado ausente de la agenda pública en América. Lo que ha faltado es una conversación amplia, plural y realmente disputada sobre qué entendemos por seguridad y cómo debería garantizarse.

Durante décadas, la seguridad se ha pensado desde una mirada estrecha y rígida, posiblemente porque ha sido bandera casi exclusiva de un solo sector político. Una mirada donde las fuerzas de seguridad están en el centro, concentrando poder —y, en algunos casos, amplios márgenes de autonomía— y definiendo las lógicas dominantes del sector. Se trata, además, de un campo históricamente masculinizado, donde los principales interlocutores visibles han sido mayoritariamente hombres, y donde las respuestas y prácticas dominantes se sostienen en narrativas que refuerzan una idea específica de autoridad y fortaleza masculina. Un imaginario en el que la dureza se confunde con eficacia y la violencia con liderazgo.

Esta forma de entender la seguridad ha tenido consecuencias profundas. Las respuestas privilegiadas han sido reactivas y de 'mano dura': estados de excepción, aumentos del encarcelamiento, patrullajes militares, endurecimiento de marcos policiales y prácticas de estigmatización y criminalización de determinados grupos sociales. Lejos de reducir la violencia, estas estrategias han perpetuado dinámicas de exclusión. Además, se privilegian ciertos fenómenos —como la lucha contra el narcotráfico o violencias asociadas a grupos criminales— mientras se relegan otros igualmente centrales: feminicidios, violencia juvenil, violencia interpersonal, trata de personas.

La seguridad también se ha convertido en una conversación profundamente excluyente: pocos actores concentran el diseño, la implementación y la definición de qué cuenta como política legítima. La innovación es excepcional. El cambio se percibe como amenaza, no como oportunidad. Y en no pocos casos, esta concentración de poder ha permitido que la seguridad justifique agendas autoritarias y debilite contrapesos democráticos.

Esta mirada ha dejado un vacío de disputa, en parte porque muchos liderazgos, organizaciones y movimientos progresistas han optado por dos caminos igualmente problemáticos: o bien reproducir —con mayor o menor incomodidad— los enfoques tradicionales que dicen cuestionar, o bien evitar la conversación por completo. Esto último podría estar relacionado con el hecho de que la seguridad nunca llegó a consolidarse como un terreno propio del progresismo, a diferencia de otras agendas como la igualdad, la inclusión, la salud o la educación. Ese vacío tiene costos políticos evidentes y supone una oportunidad perdida para replantear algo tan básico para el bienestar de las personas como su seguridad.

Transformar la seguridad no implica negarla ni minimizar el crimen, sino ampliar la comprensión de qué es, quién la merece y cómo debe garantizarse. Implica entenderla más allá de las fuerzas de seguridad y reconocerla como un pilar básico de la vida colectiva, que marca la forma en que nos relacionamos entre nosotros como ciudadanía, cómo interactuamos con las instituciones y cómo estas, a su vez, se vinculan con la gente. También como algo íntimo y cotidiano: la manera en que ejercemos nuestros derechos y vivimos nuestra vida diaria.

Abrir esta conversación exige incomodar a todos: a quienes han monopolizado el tema y a quienes lo han cedido. Disputar cómo se define y cómo se practica la seguridad implica abrir conversaciones que han quedado pendientes e incorporar voces y experiencias que han sido sistemáticamente excluidas. Solo así la seguridad puede cumplir efectivamente su función básica de proteger a las personas y contribuir al fortalecimiento de sociedades más justas, libres, democráticas y habitables.